alumnos –vinculados a pandillas– hasta que lo obligaron a que le pidiera a una de sus hijas que introdujera cápsulas rellenas de droga al penal de Ciudad Barrios (San Miguel), cárcel donde están recluidos los cabecillas de una de las dos principales pandillas que operan en el país.
La operación salió mal y a la muchacha le estallaron varias cápsulas en el estómago. Fue atendida en un centro de salud y al final la diagnosticaron con diabetes. Los pandilleros le pidieron a Mateo que entregara a su hija porque tenían “luz verde” (orden de matarla) por no haber cumplido con la “misión”; de no hacerlo, el muerto sería él.
El docente puso la demanda en la gremial y pidió que le autorizaran un traslado para poder impartir clases en otro sitio, pero las autoridades dicen que solo contó la última parte de la historia. Los investigadores descubrieron el apoyo que dio en un principio a sus alumnos al ocultar droga y armas, pero no están convencidos de que haya sido bajo amenazas. Le abrieron un expediente por el caso.
El hombre decidió desaparecer junto con su familia a mediados de 2013. Ahora, huye de la fiscalía y de la pandilla. El expediente fiscal dice que no lo han encontrado ni vivo ni muerto.
La investigación contra Mateo está regulada en el protocolo de atención a maestros por extorsiones y amenazas que aprobó la comisión interinstitucional creada por las autoridades en octubre de 2013 con la idea de combatir la inseguridad escolar. El documento detalla que las denuncias de los docentes serán indagadas por la Fiscalía, Policía y el Ministerio de Educación (MINED). Las tres instituciones tienen cinco días después de conocer el caso para presentar un informe.
Si la denuncia es verificada, entonces se autoriza a que el MINED inicie el proceso de traslado; pero si hay sospechas de que el docente ha mentido sobre las amenazas, entonces se abre una investigación fiscal más completa que puede terminar en una condena para el maestro.
La indagación de las autoridades casi siempre se centra en el entorno de los centros educativos. Los titulares de Educación y Seguridad han reiterado que la inseguridad está afuera de las instituciones educativas.
Ayer, el viceministro de Educación, Héctor Samour, volvió a manejar esa tesis: “La inseguridad es un problema que afecta a las escuelas, pero más bien es un fenómeno que se da fuera de las escuelas, en el entorno escolar. Ahí la competencia de disminuir los niveles de inseguridad le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad”.
Sin embargo, a Mateo lo metieron en el embrollo sus mismos estudiantes, quienes tenían nexos con un grupo de pandilleros.
Plan Escuela Segura
Las autoridades de Educación y Seguridad Pública lanzaron en 2011 el plan Escuela Segura. Se trató de una coordinación conjunta para que agentes policiales pudieran patrullar en los alrededores y dentro de los 166 centros escolares que fueron considerados en ese entonces como de alto riesgo.
El plan fue modificado por las autoridades en la recta final del año lectivo 2013, en un intento para frenar la violencia que sufría el sector. La nueva estrategia, denominada Plan de Prevención y Seguridad Escolar, buscó integrar a varias entidades públicas para erradicar la violencia. El campo de acción se amplió a 345 centros educativos.
De ese ajuste salió la comisión interinstitucional integrada por Fiscalía, Policía, Gobernación, Fuerza Armada, Educación y las gremiales de docentes.
A pesar de esos reajustes, la inseguridad escolar ha seguido golpeando a la comunidad educativa del país: un informe de la Oficina de Información y Respuesta del MINED, solicitado por LA PRENSA GRÁFICA a finales del año pasado, daba cuenta de que en 2013 fueron 158 los docentes que solicitaron formalmente un traslado del centro de estudios asignado y alegaron inseguridad.
De acuerdo con el documento, la mayoría de las solicitudes (143) fueron porque los docentes dijeron haber sido amenazados. La segunda causa que aparece como motivo para querer largarse del centro de estudios es la extorsión (ocho), le siguen los ataques con arma de fuego (cuatro) y los robos (tres).
Las gremiales señalan que esa cifra es modesta. Según sus estimaciones, son muchos más los maestros que sufren extorsión y prefieren ceder a las exigencias de los pandilleros porque no confían en las instituciones.
Este año, las gremiales de docentes ya cuentan con siete peticiones de trasladado en las que el motivo principal es el acoso de pandilleros. Educación dice que son tres los casos confirmados.
La inseguridad no solo la sufren docentes. Datos del mismo Ministerio de Educación consigan que en 2010 hubo 55 estudiantes asesinados. En 2011, los casos aumentaron a 139. En 2012, año de la tregua entre pandillas, bajaron a 67 y el año pasado fueron 28. En total, suman 289 los estudiantes asesinados en los últimos cuatro años. En lo que va de 2014, de acuerdo con las gremiales de docentes, son nueve los alumnos asesinados. La Policía Nacional Civil (PNC) confirma cuatro casos. Además, el informe policial da cuenta de 18 alumnos que han sido reportados como desaparecidos en distintos sitios del país en este año.
La operación salió mal y a la muchacha le estallaron varias cápsulas en el estómago. Fue atendida en un centro de salud y al final la diagnosticaron con diabetes. Los pandilleros le pidieron a Mateo que entregara a su hija porque tenían “luz verde” (orden de matarla) por no haber cumplido con la “misión”; de no hacerlo, el muerto sería él.
El docente puso la demanda en la gremial y pidió que le autorizaran un traslado para poder impartir clases en otro sitio, pero las autoridades dicen que solo contó la última parte de la historia. Los investigadores descubrieron el apoyo que dio en un principio a sus alumnos al ocultar droga y armas, pero no están convencidos de que haya sido bajo amenazas. Le abrieron un expediente por el caso.
El hombre decidió desaparecer junto con su familia a mediados de 2013. Ahora, huye de la fiscalía y de la pandilla. El expediente fiscal dice que no lo han encontrado ni vivo ni muerto.
La investigación contra Mateo está regulada en el protocolo de atención a maestros por extorsiones y amenazas que aprobó la comisión interinstitucional creada por las autoridades en octubre de 2013 con la idea de combatir la inseguridad escolar. El documento detalla que las denuncias de los docentes serán indagadas por la Fiscalía, Policía y el Ministerio de Educación (MINED). Las tres instituciones tienen cinco días después de conocer el caso para presentar un informe.
Si la denuncia es verificada, entonces se autoriza a que el MINED inicie el proceso de traslado; pero si hay sospechas de que el docente ha mentido sobre las amenazas, entonces se abre una investigación fiscal más completa que puede terminar en una condena para el maestro.
La indagación de las autoridades casi siempre se centra en el entorno de los centros educativos. Los titulares de Educación y Seguridad han reiterado que la inseguridad está afuera de las instituciones educativas.
Ayer, el viceministro de Educación, Héctor Samour, volvió a manejar esa tesis: “La inseguridad es un problema que afecta a las escuelas, pero más bien es un fenómeno que se da fuera de las escuelas, en el entorno escolar. Ahí la competencia de disminuir los niveles de inseguridad le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad”.
Sin embargo, a Mateo lo metieron en el embrollo sus mismos estudiantes, quienes tenían nexos con un grupo de pandilleros.
Plan Escuela Segura
Las autoridades de Educación y Seguridad Pública lanzaron en 2011 el plan Escuela Segura. Se trató de una coordinación conjunta para que agentes policiales pudieran patrullar en los alrededores y dentro de los 166 centros escolares que fueron considerados en ese entonces como de alto riesgo.
El plan fue modificado por las autoridades en la recta final del año lectivo 2013, en un intento para frenar la violencia que sufría el sector. La nueva estrategia, denominada Plan de Prevención y Seguridad Escolar, buscó integrar a varias entidades públicas para erradicar la violencia. El campo de acción se amplió a 345 centros educativos.
De ese ajuste salió la comisión interinstitucional integrada por Fiscalía, Policía, Gobernación, Fuerza Armada, Educación y las gremiales de docentes.
A pesar de esos reajustes, la inseguridad escolar ha seguido golpeando a la comunidad educativa del país: un informe de la Oficina de Información y Respuesta del MINED, solicitado por LA PRENSA GRÁFICA a finales del año pasado, daba cuenta de que en 2013 fueron 158 los docentes que solicitaron formalmente un traslado del centro de estudios asignado y alegaron inseguridad.
De acuerdo con el documento, la mayoría de las solicitudes (143) fueron porque los docentes dijeron haber sido amenazados. La segunda causa que aparece como motivo para querer largarse del centro de estudios es la extorsión (ocho), le siguen los ataques con arma de fuego (cuatro) y los robos (tres).
Las gremiales señalan que esa cifra es modesta. Según sus estimaciones, son muchos más los maestros que sufren extorsión y prefieren ceder a las exigencias de los pandilleros porque no confían en las instituciones.
Este año, las gremiales de docentes ya cuentan con siete peticiones de trasladado en las que el motivo principal es el acoso de pandilleros. Educación dice que son tres los casos confirmados.
La inseguridad no solo la sufren docentes. Datos del mismo Ministerio de Educación consigan que en 2010 hubo 55 estudiantes asesinados. En 2011, los casos aumentaron a 139. En 2012, año de la tregua entre pandillas, bajaron a 67 y el año pasado fueron 28. En total, suman 289 los estudiantes asesinados en los últimos cuatro años. En lo que va de 2014, de acuerdo con las gremiales de docentes, son nueve los alumnos asesinados. La Policía Nacional Civil (PNC) confirma cuatro casos. Además, el informe policial da cuenta de 18 alumnos que han sido reportados como desaparecidos en distintos sitios del país en este año.
