El asocio COPRECA- LINARES fue la empresa que inició la construcción del boulevard, quien ganó la licitación de adjudicación sin cumplir con los requisitos financieros y del formato como lo estipulaban las bases de competencia, según detalla la denuncia interpuesta ante la Fiscalía en 2010. Debido a las arbitrariedades, la construcción del boulevard terminó con un costo de $93 millones.
“FGR encontró documentación financiera que la empresa escondía y que la misma servirá en las investigaciones del caso."
La Fiscalía General de la República (FGR) allanó la mañana de este miércoles las oficinas de la empresa Concreto Preesforzado de Centroamérica (COPRECA), primera encargada de la construcción del boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, en búsqueda de información que dé más elementos en la investigación por el juicio de actos de corrupción ventilado en los juzgados.
El propietario de COPRECA es Jesús Hernández Campollo, uno de los implicados y la Unidad Anticorrupción de la FGR encontró documentación financiera que la empresa escondía y que la misma servirá en las investigaciones del caso, denunciado en mayo de 2010 por el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.
Según la denuncia interpuesta por el funcionario ante la FGR, todo empezó en noviembre de 2005 cuando se le informó a COPRECA que ganó la licitación, aunque no cumplía con los requisitos financieros y del formato del asocio como lo estipulaban las bases de competencia.
El documento indica que el asocio COPRECA-LINARES empezó a construir la carretera el 19 de diciembre de 2005, sin tener las solvencias del Ministerio de Hacienda y de seguridad social pertinentes.
En este caso está involucrado el exministro de Obras Pública, Jorge Nieto, quien el año pasado era prófugo de la justicia y formaba parte de la lista roja de INTERPOL. Hace un par de semanas el exfuncionario se entregó voluntariamente.
También hay otros 17 implicados a quienes se les acusa de los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, encubrimiento, omisión de aviso, incumplimiento de deberes, malversación, tráfico de influencias, depredación de bosques, responsabilidad de funcionarios y empleados públicos y evasión de impuestos.
La construcción de la carretera inició en la última administración de ARENA. El costo final de la obra fue de más de $93 millones, contando los $30.4 millones que se gastó en el tramo I y los $27.2 millones que el Estado pagó a las empresas constructoras para el tramo II, este último fue abandonado y el actual gobierno del presidente Mauricio Funes adquirió un financiamiento extra para terminar la carretera.
"También hay otro 17 implicados"
